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Las nuevas reglas para obtener la Green Card no son lo que parece

agosto 16, 2019

Si bien es cierto que la noticia es que el gobierno de Donald Trump hará más difícil que los migrantes legales que dependen de la asistencia pública —como vales de comida y vivienda con subsidios del gobierno— consigan finalmente la residencia permanente, no se trata de algo nuevo. Esto es supuestamente parte de una nueva política para reducir el flujo de personas que llegan legalmente a Estados Unidos y de las personas inmigrantes que reciben un estatus de residencia legal, aunque la medida no tendría un efecto directo en el número de personas que acceden a Estados Unidos de manera legal y tampoco reduciría el número de inmigrantes que recibe una residencia permanente tras cumplir los requisitos impuestos por inmigración, que como ya decimos, NO HAN CAMBIADO.

La medida afectará sobre todo a personas muy pobres que viven legalmente en el país y que probablemente han solicitado prestaciones públicas, lo cual dificultaría que quienes tienen problemas financieros puedan conseguir el estatus de residentes permanentes a través de la llamada green card, que permite quedarse en Estados Unidos. Pero esta situación ya estaba ocurriendo anteriormente, ya que uno de los requisitos para la obtención de una residencia permanente es no ser una carga para el gobierno de Estados Unidos. Lo novedoso, es que se investigará a los solicitantes para determinar si han recibido prestaciones públicas en el pasado, pero simplemente como parte de un posible rechazo del Servicio de Inmigración por la causa antes mencionada.

Kenneth T. Cuccinelli, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció la nueva regulación el 12 de agosto desde la Casa Blanca. Cuccinelli declaró que con esta medida el gobierno podrá insistir en que los migrantes que vayan a Estados Unidos sean “autosuficientes”, en vez de personas que vayan a “agotar” los recursos públicos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, el gobierno ya podía investigar (y lo hace) a los solicitantes de residencia permanente con el fin de establecer que pueden sostenerse por sí mismos y a sus familias antes de permitirles inmigrar al país.

“El beneficio a los contribuyentes será un beneficio a largo plazo que busca asegurar que nuestro sistema migratorio atraiga a gente para que se nos una como ciudadanos, primero como residentes permanentes, que sí es capaz de sostenerse por sí sola, que no vaya a depender de los sistemas de bienestar, sobre todo en esta época en que el Estado de bienestar es tan costoso y extenso”, dijo Cuccinelli. Pero es muy difícil demostrar que existe un número significativo de inmigrantes que, encontrándose en situación de necesidad, hubiera podido obtener la residencia permanente antes de la medida.

Con la nueva regulación, el bienestar financiero de los migrantes que estén en Estados Unidos de manera legal, con visas temporales, será revisado más minuciosamente cuando soliciten la green card. Los funcionarios migratorios considerarán la edad, salud, estatus familiar, bienes, recursos, estado financiero y educación de los inmigrantes. Y se les dará un amplio margen para determinar si un inmigrante posiblemente vaya a necesitar recursos públicos, para negarle la residencia y hasta ordenar su deportación.

Es muy importante mencionar también que el programa NO APLICA para quienes ya tengan green cards, para refugiados o para solicitantes de asilo; tampoco en casos de mujeres embarazadas ni de niños. El abogado Manuel Solis advierte que muchos migrantes, incluso los que no se verían afectados por la regla, posiblemente desistan de pedir cualquier asistencia pública que necesiten, incluso vacunas pagadas por el gobierno para sus hijos, solo por el temor a represalias de las autoridades migratorias, lo cual, opina, es grave. “Va a suponer un daño tremendo pues muchas familias se verán forzadas a dejar de usar sistemas de cuidado médico y nutrición críticos, sobretodo para los niños de esos migrantes. El daño puede tardar en repararse varias décadas”, agregó.

El anuncio de este lunes es parte del enfoque agresivo de la Casa Blanca de Trump respecto al sistema de leyes y regulaciones migratorias. En los últimos tres años, el presidente ha atacado repetidamente lo que dice son los peligros de la inmigración ilegal, pero su gobierno también parece que quiere poner límites a la inmigración por vías legales.

La medida ha sido una de las prioridades de Stephen Miller, el ideólogo de la agenda migratoria de Trump, que la considera el cambio más significativo a las normas que regulan cómo llegan los migrantes a Estados Unidos.

La nueva regulación, que entraría en efecto dentro de sesenta días, le da una nueva y poderosa herramienta al gobierno de Trump para restringir el número de personas que van llegan a vivir y a trabajar en Estados Unidos. Con la nueva regla, se dice que Estados Unidos quiere a migrantes que se mantengan solos en todos los ámbitos y no a quienes “dependan de recursos públicos para satisfacer sus necesidades”.

Como ya hemos dicho, desde hace tiempo se toma en consideración la capacidad de los inmigrantes de sostenerse económicamente para determinar si se les otorga el derecho de trabajar y vivir permanentemente en Estados Unidos, por lo que la medida no supone nada nuevo. Lo único que cambia es que el gobierno ahora puede querer «predecir» el posible bienestar económico de los inmigrantes como clave de la decisión.

Con el tiempo, los funcionarios esperan que la política cambie la composición del Sistema migratorio estadounidense al favorecer a inmigrantes más adinerados que serían menos propensos a solicitar asistencia pública que quienes son pobres, lo cual no está apoyado en datos objetivos.

El lunes, cuando le preguntaron a Cuccinelli si eso no contravenía el poema inscrito en la Estatua de la Libertad —“dadme tus cansados, tus pobres, tus masas amontonadas”—, respondió: “No estoy listo para quitar nada de la estatua. Tenemos un largo historial de ser una de las naciones más acogedoras del mundo”.

No existe un estudio objetivo para determinar cuántas personas serán afectadas por el cambio de la regla. USCIS no ha hecho un análisis a fondo para proveer estimaciones. Sin embargo, oficiales del Departamento de Seguridad Nacional han calculado a partir de los registros federales que más de 382.000 inmigrantes buscan ajustar su estatus migratorio cada año, y por tanto se verían afectados por el cambio al proceso de revisión establecido con la regla, aunque, de hecho, la decisión sobre su aceptación o no, no tendrá un impacto significativo. Sin embargo, lo grave es que se cree que más de 324.000 personas en hogares donde hay personas sin ciudadanía abandonarán o no buscarán afiliarse a diversos programas de asistencia pública, incluidos programas tan importantes como la vacunación de los niños.

Es más, de acuerdo con organizaciones y defensores de los migrantes de todo el país, la cantidad de personas que se verán afectadas es mucho mayor: calculan que 26 millones de inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos reconsiderarán solicitar asistencia a programas públicos por temor a que recurrir a ello altere sus posibilidades de quedarse en el país, ya que la información sobre este nuevo programa no está llegando de manera correcta y está provocando un miedo innecesario.

Como siempre, si usted está en proceso de obtener su residencia permanente, ya la tiene o piensa pedirla en el futuro, no dude en consultar con las oficinas del Abogado Manuel Solís donde estamos a su disposición para informarle.

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